Lugar: Castilla-La Mancha
Inicio: marzo de 2018
Duración: 12 meses
Co-financiador: Junta de Castilla-La Mancha
Socio local:
Contexto
El sistema de cooperación castellanomanchego está compuesto por una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, en su gran mayoría de tamaño reducido y con unas capacidades de gestión relativamente limitadas, y por una serie de entidades públicas que destinan en muchas ocasiones unos recursos no muy grandes a las acciones de cooperación.
Si atendemos a los datos publicados en el “Informe 2010 sobre el movimiento solidario en Castilla – La Mancha” el tejido de ONGD de la región estaría formado por 203 organizaciones, muchas de ellas micro entidades conformadas por personal voluntario, con recursos técnicos y profesionales escasos. Por otro lado, en el “Informe sobre la Política de Cooperación al Desarrollo de las Comunidades Autónomas” publicado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España pone de manifiesto la falta de una formación permanente y continuada de forma estable en los órganos de gestión encargados de la política de cooperación, donde de media sólo el 30% del personal tiene conocimientos específicos sobre Cooperación.
Todos esto datos hacen que reiteradamente se pongan de manifiesto algunas debilidades y deficiencias técnicas a la hora de la preparación y evaluación de los proyectos.
Objetivo
Contribuir a la capacitación de las entidades públicas y privadas del sistema de cooperación castellanomanchego en materia de evaluación con enfoque basado en derechos humanos, con el fin de favorecer la mejora de la calidad de la ayuda, la generación de aprendizajes y la rendición de cuentas.
El proyecto
El proyecto asume un enfoque de fortalecimiento de capacidades para promover que todas las entidades públicas y privadas que forman el sistema de cooperación al desarrollo de Castilla-La Mancha fortalezcan sus competencias e incorporen modelos de evaluación con enfoque de derechos humanos dentro de sus sistemas de gestión de los proyectos y programas de desarrollo.
Beneficiarios/as
110 personas, incluyendo técnicos/as de OSC y entidades públicas de cooperación.
